En diciembre próximo el Ejecutivo repondrá en el Parlamento el proyecto de reforma constitucional que crea la Defensoría de las Personas, cuya votación no alcanzó el quórum necesario. Así se acordó luego que parlamentarios de distintas bancadas se reunieron con el Ministro Secretario General de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo, y la presidenta de la Comisión Defensora Ciudadana, Danae Mlynarz. El Ministro Secretario General de la Presidencia, José Antonio Viera- Gallo, destacó el compromiso de las distintas bancadas expresadas en el encuentro por Karla Rubilar (RN), Gabriel Silber (DC), Marcelo Schilling( PS) y los PPD Ximena Vidal, Enrique Accorsi, Guido Girardi y Tucapel Jiménez. Asimismo, expresó la voluntad del Ejecutivo en perseverar sobre la creación de la nueva institucionalidad. Se estableció que en diciembre próximo el proyecto de reforma constitucional será analizado, con carácter de urgencia, por las comisiones unidas de Derechos Humanos y Constitución para ser votado en Sala el mismo mes. Desde ya los parlamentarios presentes comprometieron los votos de sus bancadas para alcanzar el quórum necesario (3/5 de los congresistas en ejercicio). Esto porque en la reciente votación la bancada UDI –en bloque- rechazó el proyecto. La presidenta de la Comisión Defensora Ciudadana, Danae Mlynarz, dijo que “Chile necesita un gran consenso del Parlamento, que refleje el interés que hay por promocionar y defender los derechos de las personas que hoy viven situaciones que quedan en tierra de nadie y el Ejecutivo ha demostrado estar dispuesto a ello”. Antecedentes. La reforma que crea el ombudsman en Chile está pendiente desde 1991, cuando su implementación surgió como recomendación de la Comisión Rettig; sin embargo, después de varios intentos solo en 2007 se logró que un mensaje del Ejecutivo tuviera tramitación en el Parlamento. Fue rechazado la segunda semana de noviembre en la Sala de la Cámara de Diputados por no alcanzar el quórum necesario. El texto establece la creación de la Defensoría de las Personas como un órgano autónomo que tendrá a su cargo la promoción y resguardo de los derechos y garantías asegurados en la Constitución, los tratados internacionales y en las leyes ante actos u omisiones de los órganos de la administración del Estado y de personas que ejerzan actividades de servicio de utilidad pública, con lo que se incluye a las empresas que prestan servicios básicos (suministro de agua, electricidad, gas, etc.). Dicha institución recibirá y procesará quejas y reclamos, actuará de oficio ante casos de conmoción pública e incluso podrá interponer recursos legales. SANTIAGO, noviembre de 2008.
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